Bispos da Venezuela. O que disseram em Assembleia Geral

Por entre o que lhes próprio, os bispos da Venezuela acabam de dizer (Assembleia Geral, dia 7):

“Actualmente nuestra patria vive uno de los momentos más cruciales de su historia. Después de las elecciones de diciembre de 2006, el Ejecutivo Nacional anunció la reforma de la Constitución de 1999, con el objetivo de introducir cambios de gran magnitud que conllevan la instauración de un modelo político y social bajo el signo ideológico del así llamado “socialismo del siglo XXI”, para lo cual constituyó una comisión presidencial encargada de elaborar el proyecto.

“Los obispos de Venezuela nos referimos a este asunto con ocasión de la 87ª asamblea ordinaria en enero de este año, y allí manifestamos la esperanza de que la reforma en cuestión contribuyera a la consolidación de la vida democrática y estuviera en consonancia con el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, los temas ventilados por la opinión pública como contenidos de los cambios constitucionales y, sobre todo, la forma misma del proceso de su elaboración, que no acoge suficientemente el espíritu de participación exigido por la Constitución, arrojan serias dudas sobre el talante democrático de la reforma constitucional. Diferentes decisiones oficiales, como el lema impuesto “Patria, socialismo o muerte” y declaraciones del Presidente y de voceros del gobierno hacen suponer que esta reforma se dirige hacia el establecimiento de un sistema socialista fundado en la teoría y la praxis del marxismo-leninismo.

“La pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, la carencia en los hospitales, los deficientes servicios públicos, niños de la calle, ancianos sin atención, continúan siendo verdaderos problemas sociales. Otro problema es la violencia, que en nuestro país ha crecido exageradamente: los delitos contra la vida y la propiedad, el sicariato o asesinato por encargo, los secuestros, la extorsión conforman un cuadro de inseguridad, que especialmente en las grandes ciudades y en la frontera con Colombia, ha alcanzado niveles alarmantes. Uno de los factores que ha contribuido al aumento de esta violencia lo constituye el narcotráfico y el lavado de dinero, que lamentablemente ahora está presente en casi todo el territorio nacional.

“Recientemente el país ha sido sacudido por una ola de protestas ante la negativa del gobierno de renovar la concesión a uno de los más importantes canales de televisión del país. La presidencia de la Conferencia Episcopal en su momento fijó una posición contraria a tal decisión. Más allá de la defensa de un determinado medio, ante el cual el Episcopado ha expresado en el pasado cuestionamientos, se trata de denunciar un atentado a la libertad de expresión, que reduce los espacios de libre comunicación y favorece una hegemonía indebida del gobierno en materia de comunicación social, lo cual es evidentemente antidemocrático.

“A raíz de este último acontecimiento, los venezolanos hemos sido testigos del surgimiento de un movimiento estudiantil que, con creatividad y coraje, bajo las consignas de la libertad y la reconciliación, ha salido a las calles a manifestar por el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información y en defensa de la autonomía universitaria. Valoramos positivamente el que los jóvenes estudiantes hayan optado por el recurso a la no violencia activa para manifestar su descontento con decisiones que atentan contra las libertades. Los estudiantes denuncian un ejercicio poco democrático del poder y reclaman una Venezuela para todos, pregonando la reconciliación.

“Igualmente, manifestamos nuestra preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Educación, en segunda discusión en la Asamblea Nacional. Si bien contiene elementos positivos, ofrece graves omisiones en asuntos importantes, como la finalidad de la educación, los derechos de los docentes, los subsidios mediante convenios a instituciones educativas que atienden sectores populares, la evaluación y el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa de sus hijos, entre otros. Y, lo más importante, existe preocupación sobre la pretensión de impartir una educación con una única y determinada orientación política e ideológica, que afectaría gravemente derechos y deberes de los educandos y de los padres de familia. El diálogo institucional sobre el proyecto de ley, que mantuvimos con la presidencia de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y con el Ministro de Educación y Deporte, a lo largo de una buena parte del año pasado, no ha sido retomado por las nuevas autoridades, a pesar de nuestra disposición y petición de hacerlo.

“Nos inquieta además que se pretenda solucionar los problemas sociales que nos aquejan con medidas populistas en lugar de utilizar los abundantes ingresos petroleros para soluciones estructurales a nuestras graves deficiencias. Ahora, al igual que en la segunda mitad del siglo XX, los altos ingresos por el petróleo se han visto acompañados por el aumento de la corrupción y el clientelismo político. Cada día nuestro país se hace mas rentista y pierde la oportunidad de convertirse en un país productivo.

“La solución a los problemas políticos y sociales de Venezuela debe ir más allá del populismo que no va al fondo de los mismos y del militarismo que cede el protagonismo de la sociedad al estamento militar, al cual no le corresponde dicho papel. Para resolver nuestros males sociales tampoco son válidos los caminos propuestos por el neoliberalismo, pues aunque supongan un aparente progreso de la sociedad, llevan inherentes la marginación de amplias masas del pueblo y el ahondamiento de la injusticia y exclusión.

“Nadie, y mucho menos el Presidente de la República, tiene derecho a insultar o agredir a personas o instituciones que disientan de sus opiniones o proyectos. La reconciliación, la paz y la solidaridad no anulan el derecho a disentir, lo cual incluso puede conducir a la protesta legítima; pero ésta debe hacerse siempre en términos pacíficos, la llamada no violencia activa, la cual no implica la indiferencia ante los problemas sociales. Las instituciones públicas tienen la grave obligación de permitir y respetar ese derecho a disentir consagrado en nuestra Constitución.